Luchar contra la economía sumergida y el fraude (por ejemplo, cuando un banco se queda con una vivienda por impago la entidad financiera pase a ser la propietaria del inmueble y al venderla tendría que pagar el impuesto de transmisión patrimonial); jubilación a los 60 años o a los 35 años efectivos de cotización; suprimir las ETT, la figura del becario; apoyo al cooperativismo; nueva ley hipotecaria que contemple la dación en pago (dando la casa se salda la deuda)...
A) PLAN DE CHOQUE DE EMPLEO
1. Un Programa de empleos verdes que comprende reforestación, explotación y mantenimiento de superficies forestales. (300.000 empleos).
2. Un Programa de rehabilitación sostenible de viviendas residenciales (200.000 empleos).
3. Un Plan de Empleos Sociales, para asegurar el pleno desarrollo de la Ley de Dependencia y mejorar salud, educación (especialmente de 0 a 3 años) y determinados servicios de la Administración. (170.000 empleos).
4. Un Plan de Formación/Empleo para atender la situación de parados que hayan agotado sus prestaciones. En colaboración con los Ayuntamientos y combinando trabajo y formación. (300.000 empleos, incluidos 20.000 formadores).
5. Reducir por Ley la Jornada Laboral a 35 horas (manteniendo igual retribución).
• La compensación de la reducción de jornada en las empresas y las Administraciones Públicas, generaría 400.000 puestos de trabajo, según nuestras estimaciones.
• Para ayudar a la pequeña y mediana empresa y trabajadores autónomos para crear el empleo compensatorio derivado de la disminución de la jornada laboral se establece una exención en las cotizaciones patronales a la Seguridad Social por importe de 8.000 millones de euros.
• La prioridad en estas ayudas se orientará hacia el empleo juvenil a contratos de menores de 35 años y se ampliará con los mismos beneficios a contratos de relevo con ese límite de edad
6. Un Acuerdo-Marco con empresas de servicios básicos (agua, gas, electricidad, etc.) (50.000 empleos)
7. Un Plan de Inversión en infraestructuras de proximidad. (80.000 empleos)
8. Plan de Ampliación por el Empleo 2013
• Prorroga de los Programas de Plan de Choque que no hubieran podido cumplir sus objetivos por razón de tiempo
• Programas de empleo público: Mantenimiento forestal (70.000 empleos). Rehabilitación sostenible de viviendas (200.000 empleos). Plan de empleos sociales (50.000 empleos)
• Plan formación/empleo (150.000 empleos).
• Apoyo a la pyme para la contratación (400.000 empleos)
• Servicios básicos (20.000 empleos)
• Infraestructuras de proximidad (30.000 empleos)
9. Plan de Ampliación por el Empleo 2014
• Programas de empleo público: Mantenimiento forestal (50.000 empleos). Plan de empleos sociales y públicos (50.000 empleos)
• Plan formación/empleo (150.000 empleos).
• Apoyo a la pyme para la contratación: (200.000 empleos)
• Infraestructuras de proximidad (130.000 empleos)
B) REFORMA FISCAL JUSTA
1. Reforma del IRPF con los siguientes contenidos principales:
• Tributación igual de las rentas del trabajo y del capital para recuperar el carácter sintético del tributo, integrando todos los rendimientos del contribuyente en una única base.
• Se trata de que desaparezca la distinción entre base liquidable general (tarifa progresiva) y del ahorro (dos tipos fijos). Es decir, que todos los rendimientos (del trabajo y del capital) se acumulen y tributen en una tarifa progresiva.
• Establecer dos nuevos tramos en el IRPF:
-Para las declaraciones comprendidas entre 60.000 y 120.000 € de base liquidable con una elevación del tipo del 43 al 45%.
-Un último tramo para cuotas liquidas superiores a 120.000 € anuales con un tipo del 50%. (Contribuyentes afectados:732,400 personas, el 3,96% de los declarantes)
• Traslado de todas las reducciones y deducciones a la cuota.
• Extender la exención de la obligación de declarar hasta el límite reglamentariamente establecido a todos los sujetos pasivos independientemente de que las rentas procedan de uno o varios pagadores, sustituyendo la autoliquidación por una declaración informativa donde consten los pagadores, la cantidad bruta percibida y las retenciones efectuadas, a efectos de control del fraude y la economía sumergida. Se trata de no penalizar precisamente a quienes son víctimas de contrataciones temporales y precarias.
• Supresión del Régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español. (Actualmente vigente hasta 600.000 euros).
• Limitar las declaraciones conjuntas.
• Eliminación de las ventajas fiscales de los planes privados de pensiones.
• Eliminación, en su caso, de las ventajas fiscales que tienen los y las diputadas.
• Supresión de las ventajas fiscales de la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas. Renegociación del Concordato.
2. Reforma del Impuesto de Sociedades:
• Aumento de 5 puntos en el impuesto sobre los beneficios de las entidades, sociedades e instituciones con una base imponible a partir de 1 millón de beneficios (aumento estimado de la recaudación: 14.000 millones de € adicionales/año) , reducción de las diferencias reales de tributación con el tipo efectivo de microempresas y pequeñas empresas
• Revisión y simplificación de las exenciones y bonificaciones del impuesto para elevar el tipo efectivo medios y favorecer a las pequeñas empresas y la inversión productiva y creadora de empleo. Incentivar la ‘cuota productiva’ (inversa de ventas/empleados), la ‘cuota de estabilidad laboral’ (empleo fijo/empleo total), la ‘cuota de jornada’ (inversa de horas totales/empleados). Incrementar para empresas sin empleados (instrumentales financieras), operativa hacia o desde paraísos fiscales
• Limitar los salarios máximos en el sector privado, considerando como gasto no deducibles en el impuesto de sociedades la parte de las retribuciones brutas que, por todos conceptos, de forma directa o indirecta, en especie o en metálico, superen los €90.000 anuales.
3. Reforma del IVA
• Reducción del IVA al tipo superreducido (4%) para ciertos alimentos hoy no incluidos (resto de cereales y sus harinas, carnes y pescados frescos) y para compresas y pañales, tanto infantiles como para la tercer edad. También para el transporte público en vehículos a motor de más de 8 plazas.
• Instar la aprobación de un IVA especial al 25% para bienes de consumo de lujo, y otras adquisiciones y gastos suntuarios. Dada la necesidad de la aprobación por parte de las autoridades europeas para esta medida, de forma provisional y hasta tanto exista esta aprobación se propone la creación de un Impuesto Especial sobre Bienes y Servicios Suntuarios con una tarifa equivalente (7% por diferencia con el IVA normal aplicable).
• Desde el 1/12012, en el caso de empresas de reducida dimensión y trabajadores autónomos, el IVA se devengará en el momento del cobro total o parcial de la factura.
4. Reforma del sistema de estimación por módulos
• Limitar el sistema de módulos a los 3 primeros años de la actividad, pasando a continuación a la estimación directa o estimación directa simplificada.
• Durante los dos primeros años de actividad, los módulos actuales estarían reducidos a un 50% y el tercer año a un 75%.
• Exclusión desde el inicio de la actividad de los sujetos pasivos que facturen más del 20% de sus ingresos con el mismo cliente y de quienes emitan cualquier factura por importe superior a 1.500 euros
5. Intervenir en el proceso de tramitación de la futura Directiva Europea sobre el Impuesto de Transacciones Financieras para anticipar su entrada en vigor al 1 de enero de 2013 y para que el tipo mínimo del impuesto sea del 0,1% en la compraventa de obligaciones y acciones y del 0,05% en el caso de los derivados, e incluir en el ITF las operaciones con divisas.
6. Restauración del Impuesto de Patrimonio en los términos y tipos vigentes hasta 2007, hasta la Aprobación de un Impuesto Solidario sobre las Grandes Fortunas que le sustituya.
7. Restablecer el Impuesto de Sucesiones. Este impuesto, que grava las herencias ha sido casi eliminado. Si se recuperara, el Estado obtendría 2.552 millones de euros.
8. Reforma del IBI
• Supresión de la exención del IBI en los bienes inmuebles propiedad de la Iglesia Católica.
• IBI incrementado en un 100% para las viviendas vacías, consideradas desde que reciben la licencia de primera ocupación y según consumos de agua y electricidad.
9. Presentación en el plazo máximo de un año de un Proyecto de Ley sobre financiación de las Haciendas Locales en la que se garantice la suficiencia financiera de los Ayuntamientos y otras entidades locales y se tengan en cuenta criterios medioambientales para fijar tributos. Cumplir los pactos de la FEMP en la política de los tres tercios, para hacer efectiva la suficiencia financiera de los ayuntamientos, como administración más cercana a la ciudadanía y garantizar la atención a los vecinos. Proceder a recomponer la actual estructura del gasto, que condena a las administraciones locales a una subfinanciación estructural que deja herida la autonomía local y a la prestación de servicios por los ayuntamientos, los cuales a mayores asumen competencias impropias a causa de la presión social y la dejadez de las otras administraciones.
10. Adopción de un paquete de medidas de fiscalidad verde, destinadas a avanzar en el cumplimiento del principio de “quién contamina paga”, de acuerdo con la proposición no de Ley presentada por IU en el Congreso de los Diputados y cuyos principales contenidos son:
• Eliminación de la exención sobre hidrocarburos para los vuelos domésticos peninsulares.
• Convergencia de la tributación por gasóleos y gasolinas
• Deducciones en el impuesto de sociedades para ahorro de energía, agua y movilidad de los trabajadores
• Deducción en el IRPF de los abonos de transporte público
• Impuesto sobre bolsas de plástico, vertido e incineración de residuos.
• Impuesto sobre cambios de uso del suelo
• Impuesto sobre sustancias de elevado nivel de riesgo para la salud o para el medioambiente.
11. Adopción de una tasa por pernoctación en instalaciones hoteleras.
C) ACABAR CON LA ECONOMÍA SUMERGIDA Y EL FRAUDE
En el ámbito nacional y hasta que el punto anterior se haga efectivo, desarrollar las siguientes medidas, además de las relacionadas directamente contra el fraude y reseñadas en otros apartados de este documento:
• Establecer un impuesto especial sobre los movimientos de capitales con los territorios calificados como paraísos fiscales.
• Obligar a las empresas que operan en España, y especialmente en el sector financiero, a informar a las autoridades tributarias de las operaciones de sus fliales o sucursales en paraísos fiscales, en los mismos términos que sus propias operaciones realizadas en territorio nacional.
• Instar la modificación de la regulación del delito fiscal en el Código Penal para incluir como un nuevo motivo de agravamiento de las penas cometer fraude fiscal mediante la utilización de empresas domiciliadas en territorios o paraísos fiscales.
• Llevar a cabo un plan de comprobación de sociedades, empresarios, profesionales, artistas y deportistas con residencia en paraísos fiscales.
8. Modificación de la Ley General Tributaria y de las Leyes de cada Impuesto para concretar medidas preventivas y disuasorias de mayor eficacia en el caso de fraude. Consideración legal del fraude como hurto a efectos del Código Penal. Responsabilidad subsidiaria de la otra parte interviniente en la transacción cuando no exista comprobante de compra de un bien o de pago de un servicio. Establecer medidas cautelares y disuasorios para los declarados insolventes por actos y sentencias firmes hasta que paguen sus deudas.
9. Plantear en las instituciones europeas la aplicación del acuerdo de la Comisión de Finanzas de las Asamblea Nacional Francesa (septiembre de 2009) sobre eliminación del billete de 500 €. Adicionalmente, las facturas que sean pagadas en todo o en parte en metálico o documentos al portador por importe superior a 1.000 euros no podrán ser utilizadas como gastos deducibles en el IRPF, Impuesto de Sociedades o IVA. España cuenta con el 17,84% del total de los billetes de 500 € de la eurozona, Los billetes de 500 € son el 69,55% del total del dinero en circulación en España y, si añadimos los billetes de 200 € llegan a ser el 71,96% del efectivo circulante. Ninguno de esos dos billetes son de uso común. Es tan elevada su existencia que una familia media con dos hijos debería tener en su casa o en sus carteras en término medio 9 billetes de 500€.
10. Obligación de que las entidades financieras, cuando se quedan con una vivienda, esta pase a figurar como propiedad de la entidad financiera; así, cuando la vivienda se venda la entidad financiera en cuestión estará obligada a pagar el correspondiente % en concepto de transmisión patrimonial (en la actualidad venden las viviendas sin ponerlas a su nombre y se ahorran este gravamen que todo mortal tiene que pagar)
11. Definir un Plan de Lucha contra la Economía Sumergida que establezca objetivos de reducción de la economía sumergida en 3 puntos anuales de PIB en los ejercicios 2012, 2013 y 2014 y 2015. Incremento de recaudación fiscal 6.600 millones de € año y 3.300 millones de € de cotizaciones. Incremento fiscal al final del período: 26.500 millones de € (limitación del déficit en 4 puntos de PIB) y 13.500 millones de € en cotizaciones
12. Establecer un Plan Concreto con objetivos anuales cuantificados para combatir el fraude fiscal, centrándose especialmente en la evasión originada desde las grandes empresas y capitales, que ha sido fijado en 42.700 millones de € anuales con el objetivo de reducirlo en un 75% en el periodo de la legislatura. Duplicar la eficacia recaudatoria de la lucha contra el fraude en los restantes sujetos pasivos mediante la fijación de objetivos anuales.
13. Reforma profunda de la AEAT, aumentando sus recursos materiales y humanos hasta converger en tres años con la media europea.- Cambiar los procedimientos de trabajo de la Agencia, buscando la calidad de la inspección más que la cantidad. Reformar la metodología, la organización y la distribución del trabajo y las competencias internas. A partir del ejercicio presupuestario 2012, los tres Cuerpos Técnicos del Ministerio de Hacienda creados por el artículo 49 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, quedan clasificados en el subgrupo A1 de los establecidos por el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
14. Desarrollo urgente de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 36/2006 de medidas para la prevención del fraude fiscal y cumplimiento efectivo de las medidas para mejorar los resultados de la lucha contra el fraude fiscal aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión del 28 de octubre de 2008, así como de las Resoluciones 3.9 y 19.1, apartado 5 de las aprobadas también por el Pleno en su sesión del día 19 de mayo de 2009, con motivo del debate de la comunicación del Gobierno para el debate de política general en torno al estado de la Nación.
15. Creación en el Congreso de los Diputados de una Comisión Especial sobre la Economía Sumergida y el Fraude Fiscal ante la que:
• El Instituto de Estudios Fiscales presentará antes de diciembre de 2012, para su debate y la adopción de las medidas correctoras oportunas, un estudio sobre la cuantificación de la economía sumergida en España, con desagregación territorial, sectorial y por impuestos, y actualizará bianualmente dicho estudio a tenor de los avances en la metodología que determine la Comisión Europea.
• La Agencia Estatal de Administración Tributaria informará con carácter semestral de los resultados de las actuaciones de control del fraude con los objetivos específicos antes expresados y los resultados de la atención a los contribuyentes realizada en cumplimiento de sus funciones, remitiendo datos objetivos para garantizar una gestión transparente e independiente, y posibilitar el seguimiento de la evolución temporal de la economía sumergida en España.
• El Servicio de Prevención del blanqueo de capitales informará, como resultado de gestiones coordinadas con el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado y la Agencia Tributaria del Estado, de la identidad de las personas o entidades que utilizan enEspaña los bienes y derechos de los que son titulares las empresas domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraíso fiscal, así como el título jurídico que les permite su utilización o disfrute.
• Regeneración del tejido empresarial en que se aloja la economía sumergida, con programas de actuación que contribuyan a esa regeneración
16. Modificación de la legislación relativa a las SICAV, estableciendo como límite máximo de participación el 2% del capital para un solo poseedor y elevación al 5% del tipo de su tributación por Impuesto de Sociedades. Impulsar el acuerdo internacional necesario para que en el ámbito de la OCDE y de la UE el tipo nominal de los Fondos y Sociedades de Inversión se equipare al tipo general del Impuesto de Sociedades.
17. Plantear ante las Instituciones Europeas la modificación del artículo 56 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea para establecer como excepción al principio de libertad de los movimientos de capitales, los movimientos efectuados entre los Estados miembros y los territorios calificados como paraísos fiscales. Proponer igualmente que las Instituciones Europeas lideren las negociaciones con las distintas Organizaciones internacionales de carácter político o financiero para controlar e identificar a los verdaderos titulares de esos movimientos de capitales.
D) APOYAR A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y AUTÓNOMOS
1. Un Programa Primer Trabajador para pequeña empresa y autónomo para subvencionar durante dos años la realización del primer contrato indefinido por parte de una empresa o autónomo actualmente sin trabajadores:
• 30% de la retribución bruta durante el primer año, hasta un máximo de 6.000 euros/año.
• 20% de la retribución bruta durante el segundo año, hasta un máximo de 4.000 euros/año.
A descontar de la liquidación del Impuesto de Sociedades, IVA o del IRPF, según el caso.
2. Inclusión de cláusulas sociales en los contratos y licitaciones de las Administraciones Públicas priorizando pequeñas empresas y autónomos con la finalidad de mantener el empleo, mejorar su calidad y lograr una gestión medioambiental sostenible. Extender esas cláusulas a las subcontrataciones.
• Proponemos reservar, al menos, el 30% de las licitaciones cuyo importe en gastos de personal supere el 50% del valor total del contrato a empresas con menos de 20 trabajadores.
• Introducir cláusulas para todas las licitaciones que valoren la cantidad y el nivel de cualificación de la mano de obra adscrita al contrato, el mantenimiento del empleo y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios colectivos.
3. Compensación a las pequeñas empresas y autónomos por nuevas contrataciones que sean necesarias para mantener la producción por el paso de la jornada de trabajo normal a 35 horas semanales, de acuerdo con las propuestas para la creación de empleo presentadas por IU.
4. Transposición inmediata de la Directiva del Parlamento Europeo 2011/7/UE para reducir los plazos de pago de la Administración y las empresas privadas a sus proveedores a 30 días.
5. Considerar prioritario el apoyo a la pequeña empresa entre las actividades del ICO. Subvencionar los intereses de préstamos de la línea ICO-SGR en 3 puntos para empresas y autónomos de menos de 10 trabajadores que serán facilitados directamente por el ICO, apoyándose en los estudios de riesgo de las Sociedades de Garantías Recíprocas.
6. Creación de una cuenta fiscal que asegure el cobro de las deudas de las Administraciones Públicas con los proveedores de bienes y servicios, una vez pasado un límite de 30 días. La compensación se haría contra las deudas o entregas a cuenta del IVA, IRPF o Sociedades, en el caso de la Ad. General del Estado, de la parte autonómica de esos impuestos o de los impuestos cedidos en las deudas de las Administraciones de CC.AA. y de los tributos y tasas municipales en el caso de los Ayuntamientos.
7. Exigir a las entidades financieras avaladas por el Gobierno un Programa de crédito a la pequeña empresa y autónomos equivalente en volumen de recursos a las cantidades avaladas y destinado a la inversión productiva.
8. Establecer un Convenio entre el ICO y las Cajas de Ahorro para facilitar crédito a las empresas avaladas por las Sociedades de Garantías Recíprocas, en condiciones de interés preferentes.
9. Subvencionar a las Sociedades de Garantías Recíprocas con 1.500 millones de € para los gastos de estudio y coste de avales de operaciones de crédito y también para avales técnicos. Esto permitiría movilizar del orden de 100.000 millones de € en inversión productiva.
10. Retrasar la obligatoriedad del ingreso del IVA hasta que la factura haya sido total o parcialmente cobrada.
11. Revisión del sistema de módulos y limitación de la aplicación del mismo a los 2 primeros años de actividad de la empresa. Simplificación de la declaración por estimación directa.
12. Apoyo al denominado tercer sector, constituido por empresas e instituciones sin ánimo de lucro.
• desarrollo de una Ley del Tercer Sector.
• reconocimiento del Tercer Sector como agente social y económico con personalidad propia. Creación de mecanismos adecuados de interlocución civil.
• desarrollo de un sistema de financiación más justo, adecuado y sostenible.
13. Establecer prioridades, dentro del conjunto de medidas destinadas al apoyo a la pequeña empresa y los autónomos, que estén vinculadas al esfuerzo por la transformación del modelo productivo en los siguientes sectores:
• Los sectores básicos: Construcción, Automoción, Turismo, Química verde. Estos sectores son imprescindibles para mantener el empleo en España y deben afrontar importantes procesos de modernización y de cambio. Son sectores esenciales en un cambio de modelo productivo en nuestro país, tanto por su importancia en el PIB como en la generación de empleo.
• Los sectores emergentes: Energías renovables, Agricultura ecológica, construcción y reparación naval y de material ferroviario y servicios sanitarios y sociales. Estos sectores sólo podrán adaptarse y modificarse hacia un nuevo modelo productivo desde el impulso público.
• Los sectores de apuestas de futuro: mecatrónica, biología médica, aparatos médicos y biocombustibles.
Estos sectores están aún escasamente implantados.
14. Creación de una Fundación tripartita para la Formación en Gestión de Empresas y Recursos Humanos.
15. Apoyo económico a Programas de Calidad de producto y de Servicio Post-Venta y utilización del ICEX como instrumento de apoyo técnico en esos Programas
E) BANCA PÚBLICA QUE FACILTE EL CRÉDITO
1. Transformación de las Cajas de Ahorro en un Sistema de Banca Pública, mediante la nacionalización de las mismas.
2. Recuperación de la Banca Pública Especializada (Banco de Crédito Hipotecario, Banco de Crédito Local, Banco Exterior); renacionalización de la Caja Postal de Ahorros y constitución a partir del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de Agencias Públicas de Inversión en todas las CCAA bajo el modelo del Instituto Catalán de Finanzas;
3. Las ayudas recibidas por la Banca privada deben corresponderse con paquetes de capital de propiedad estatal, con todos sus derechos políticos y condicionados a un control más exigente de la operativa y los salarios de los ejecutivos. Prohibición de repartir dividendos y conceder bonos o cualquier otro tipo de complemento o estímulo retributivo a las instituciones financieras que estén recibiendo ayudas, avales o apoyos públicos.
En cuanto al actual sistema bancario defendemos:
1. Reforma de la actual legislación en lo que se refiere a derechos de los impositores y clientes de las instituciones financieras para:
• información completa, honesta y ajustada al nivel cultural y técnico de los contratantes de los distintos productos financieros.
• desaparición de cualquier tipo de cláusula abusiva que pretenda desequilibrar el riesgo que ambas partes asumen en los negocios jurídicos.
• desaparición de las cláusulas de limitación del aprovechamiento de los tipos de interés, con especial mención a las llamadas “cláusulas suelo”, “clips” y “swap”.
2. Colaboración con la Banca Social (cooperativas de Crédito, Cajas Rurales democratizadas, secciones de crédito de las Cooperativas y banca cívica) y apoyo a la Banca Ética.
F) RACIONALIZAR EL GASTO PÚBLICO
1. Control de los altos salarios en las Administraciones Públicas. Limitación de los altos salarios en el conjunto de las Administraciones Públicas y de sus organismos, fundaciones y empresas, vinculadas o dependientes, considerando como límite superior las retribuciones percibidas por el Presidente del Gobierno. Esta disposición debe ser incluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Izquierda Unida se compromete a aplicar esta medida en los órganos autonómicos y locales con competencias para fijar las retribuciones de sus cargos públicos, cargos de confianza y directivos de empresas, entes y organismos públicos, con un criterio de austeridad que tenga en cuenta los salarios medios en el ámbito territorial del organismo y los valores socialmente aceptados.
Complementariamente:
• Supresión de cualquier retribución por participación o asistencia en Consejos de Administración o instituciones semejantes derivadas del cargo que se ejerce.
• Elaboración de un catálogo de gastos suntuarios de la Administraciones Públicas, cuya ejecución esté prohibida, y de un código ético en la aceptación de regalos.
• Eliminación de los sueldos vitalicios a los políticos, prohibición por ley de la duplicidad de sueldos de los ex presidentes del Gobierno.
2. Reducción de la jornada ordinaria en el conjunto de las Administraciones Públicas a 35 horas semanales. Racionalización de los horarios y revisión de los métodos de trabajo para que las actividades se incluyan en la jornada ordinaria. Estimulo incentivado económicamente para los empleados públicos del ahorro energético y en insumos.
3. Modificación de la Ley de Contratos del Estado para
• Limitar y regular de forma estricta las revisiones de precios al alza en los contratos.
• Eliminar cualquier posibilidad de información privilegiada y acuerdos de proveedores para entorpecer la libre competencia.
• Establecimiento de cláusulas sociales y medioambientales. Favorecer las pequeñas empresas, autónomos y cooperativas
• Revisión de todos los contratos públicos con precios superiores al medio del mercado. Requerimiento de informes justificativos específicos para mantener cada contrato en esas condiciones.
• Cumplimiento de las exigencias de la UE sobre derechos de los licitadores en la contratación pública que,hasta ahora, no son cumplidas por la Administración Española. Transparencia de la licitación electrónica.
4. Un Plan de Control interno del gasto público y de la calidad y eficiencia del mismo con los siguientes elementos:
• Centralización de los gastos de promoción, publicidad etc. a nivel de Departamento, Consejería, Organismos o empresas dependientes o vinculadas.
• Memoria anual justificativa, caso por caso, de todos los gastos de mantenimiento, reparaciones, energía, material fungible, viajes, dietas, etc.
• Limitación de los gastos de asesoría y consultoría, informes y estudios externos, artículos y publicaciones (excepto publicaciones de investigación y análisis).
• Creación en cada departamento, institución, organismo, empresa, ente, etc. de una Comisión de Control y Seguimiento del Gasto de la que deberán formar parte al menos dos representantes de los trabajadores. Será competente para examinar y dictaminar sobre el control de la contratación pública, de la subcontratación de servicios y proyectos, gastos de promoción y publicidad, obras de reforma, servicios de mantenimiento, gastos en consultoría y asesoría y todos los demás especificados en las propuestas anteriores. Sus dictámenes serán públicos y enviados de oficio, en su caso, tanto a la Intervención General del Estado (IGE) como al Tribunal de Cuentas correspondiente.
• Inclusión de la evaluación de la calidad el gasto (incluidas subvenciones y otras ayudas) entre las competencias de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la eficiencia del mismo por la IGE y las homólogas de las CC.AA,. y entes locales.
5. Reforma y potenciación de la IGE y de los Organismos semejantes en las diferentes CC.AA. y entes locales para reforzar el control de la legalidad del gasto y de la adecuación de su finalidad y procedimientos. Reforma de la IGE. Establecimiento de un sistema de exigencia y responsabilidad de los gestores del gasto. Revocar los procesos de privatización del control de las cuentas públicas y de su auditoría. Publicidad de los informes de la Intervención.
6. Reforma del Tribunal de Cuentas para agilizar su trabajo y la eficacia de sus recomendaciones. Los gestores deberán remitirle en el plazo de seis meses un informe sobre las medidas adoptadas para corregir las disfunciones señaladas por el Tribunal.
7. Desarrollo de un programa de Colaboración del Instituto de Administración Pública con las Fundaciones de los partidos y fuerzas políticas para desarrollar programas específicos de Formación de cargos públicos para el control del gasto público y la gestión presupuestaria
G) CONSTRUIR UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO
16. Limitar de manera rigurosa las subvenciones de las cotizaciones al empresariado, reduciéndolas a políticas de estímulo del empleo siempre y cuando se utilice un procedimiento de evaluación de sus resultados.
17. Proponemos introducir la democracia en la economía, desde la planificación sostenible del desarrollo hasta la gestión de cada empresa concreta. Defendemos la participación democrática de los trabajadores en la planificación económica y en la gestión de las empresas. Apostamos decididamente por la economía social.
18. Queremos desarrollar legalmente la exigencia de cumplimiento de los derechos subjetivos establecidos en la Constitución Española: derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, etc. Reconocimiento de la eficacia de los derechos subjetivos establecidos en el art. 27 y 35 de la Constitución Española. El desarrollo del artículo 35 implica el reconocimiento del derecho al trabajo y alternativamente una prestación económica digna y suficiente y una formación durante todo el período de duración del desempleo.
19. Priorización de sectores productivos:
• Considerar como sectores básicos: Construcción, Automoción, Turismo, Agricultura desde la perspectiva de la soberanía alimentaria, y Química verde. Estos sectores son imprescindibles para mantener el empleo en España y deben afrontar importantes procesos de modernización y de cambio. Son sectores esenciales en un cambio de modelo productivo en nuestro país, tanto en por su importancia en el PIB como en la generación de empleo.
• Los sectores emergentes: agricultura ecológica, construcción y reparación naval y de material ferroviario y servicios sanitarios y sociales. Estos sectores sólo podrán adaptarse y modificarse hacia un nuevo modelo productivo desde el impulso público. Producir un cambio radical en los fundamentos de la política agraria para que verdaderamente apoye un modelo social de agricultura, productivo y sostenible. La alimentación debe ser considerada un asunto estratégico.
• Los sectores de apuestas de futuro: mecatrónica, biología médica, aparatos médicos y biocombustibles.
Estos sectores están escasamente implantados.
20. Reconversión ecológica y social de construcción y turismo.
21. Nuevo paradigma en la gestión de patentes comerciales y científicas para evitar los monopolios científicos e industriales.
22. Convocatoria a las fuerzas políticas y sindicales para la elaboración consensuada de un Plan de Reformas para el cambio de modelo productivo, precedido de un plan de relanzamiento de la actividad económica que impulse el mercado interno, estimule el consumo privado y público, y recupere el papel del sector público en la debe proceder a la compra de deuda soberana de los países miembros y emitir bonos propios hasta donde sea necesario para impedir la especulación. La deuda financiera privada debe ser renegociada en función de los activos de las instituciones endeudadas.
3. Proponemos un cambio del modelo de relaciones laborales que es en España el rasgo más negativo del actual modelo productivo, mucho más que la especulación inmobiliaria. Una parte esencial del cambio en el modelo de relaciones laborales es la reforma empresarial y no la reforma laboral. Hay que cambiar los modos de gestión empresarial en este país: hay que penalizar el modelo de salarios bajos, precariedad y desregulación. Consideramos el pleno empleo, digno y de calidad como el eje determinante del nuevo modelo productivo con políticas de reparto del trabajo y producción sostenible.
En esa dirección, la renta básica es una medida que permitirá superar las relaciones laborales capitalistas en el marco de una sociedad avanzada. Las formas y aplicación de la renta básica universal deben entrar en el debate económico y social, pero mientras no existan las condiciones para su aplicación proponemos su extensión a todas las personas que no tienen otro tipo de ingresos y la homogeneización en cantidad y condiciones de los actuales sistemas de rentas de inserción.
4. Derogación de la Reforma Laboral y recuperación de la primacía de la negociación colectiva. Mejora de la calidad de la democracia sindical y del papel de las organizaciones sindicales.
5. Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales sin disminución del salario mensual. Control y limitación de las horas extras. Racionalización de los horarios de trabajo
6. Jubilación a los 60 años con plenos derechos económicos o tras 35 años cotizados. Recuperación de la jubilación a los 65 años y aplicación de un plan progresivo para alcanzar la jubilación a los 60 años en el marco temporal de la legislatura. Prestación máxima a los 35 años y período de cotización de 15 años. Mejora de las pensiones y reforzamiento de la sostenibilidad del sistema mediante medidas que conduzcan al incremento de sus ingresos por cotizaciones. Elevación de la pensión mínima hasta alcanzar 1.100€/mes. Restituir el poder adquisitivo de los pensionistas.
7. Situar como orientación en la negociación colectiva la reducción del abanico salarial en las empresas sobre la base de la elevación de los salarios más bajos.
8. Elevación del salario mínimo a 1.100 €/mes.
9. Eliminar los encadenamientos de contratos y los contratos de formación. Fomento de los contratos de relevo.
10. Apoyo al cooperativismo mediante medidas laborales, fiscales y de crédito. Consideración como de interés social de la empresa cooperativa en la que, al menos el 80% de los trabajadores son socios cooperativistas con plenitud de derechos en la gestión y dirección de la cooperativa. Incluir en la formación secundaria y profesional la formación para el cooperativismo y la formación general de derechos de los trabajadores,del consumidor y del ciudadano.
11. Reforzamiento del Sistema Público de Pensiones. Destope progresivo de las cotizaciones máximas para hacer más solidario el sistema
12. Eliminación de la figura del becario. Contratos en regla para todo tipo de trabajo. Impedir la práctica en fraude de ley consistente en despedir a los 11 meses de contrato para que sea el Estado el que abone las vacaciones.
13. Supresión de las ETT y de las Agencias de Colocación con ánimo de lucro.
14. Fomentar la incorporación de la mujer a la población activa asalariada con el desarrollo de una batería de medidas que favorezcan esta entrada y que ayuden a la creación de empleo (universalización y gratuidad de las escuelas infantiles públicas; extensión de los permisos de maternidad/paternidad; conciliación real de la vida familiar con la laboral...).
15. Fortalecimiento de la Inspección de Trabajo, dotándola de mayor presupuesto y plantilla al objeto de poder velar por el cumplimiento efectivo de los derechos laborales y reforzando, paran ello sus competencias como órgano supervisor y sancionador.
1. Queremos defender lo público y el papel de lo público en la economía. El Estado debe reequilibrar el mercado, no sólo corregirlo. El Estado debe volver a entrar en la economía, no sólo como salvavidas coyuntural, sino para quedarse. El Estado y otras formas de propiedad pública y democrática. Proponemos:
• Recuperar para el sector público empresas públicas privatizadas, especialmente en los sectores estratégicos: energía, comunicaciones, transporte, soberanía alimentaria, correos, banca, ...
• Desarrollar la protección social, la Seguridad Social y los servicios sociales.
• Garantizar la eficiencia y el desarrollo de los servicios públicos, con propiedad y gestión públicas.
2. Nos oponemos al Pacto del Euro y reclamamos un cambio completo en el modelo de construcción europea. En cualquier caso y de modo transitorio, apoyaremos las propuestas de aumentar el plazo para reducir el défcit al 3% al 2016. La Unión Europea.
H) PROTECCIÓN DE LOS DESEMPLEADOS Y DESEMPLEADAS
1. Rechazamos los ERE en las empresas con beneficios en sus cuentas de resultados. En los ERE aprobados se recuperará a los afectados, para los futuros puestos de trabajo y con sus antiguas categorías laborales. En el caso de no recontratación, alegando excesiva edad, etc… la empresa deberá abonar las partidas de sus cotizaciones desde la fecha del despido hasta la fecha de la jubilación.
2. Transporte público gratuito para las personas en situación de desempleo.
3. Suspensión de todos los procedimientos de ejecución del embargo de la vivienda habitual o de corte de suministro de electricidad, gas, agua y teléfono para las personas en situación de desempleo.
I) GARANTIZAR EL DERECHO CONSTITUCIONAL A A LA VIVIENDA
1. Creación de un parque público de viviendas en alquiler moderado con los stocks actualmente detentados por la Banca y los promotores que serían adquiridos por las Administraciones Públicas a precio de coste, utilizando cédulas hipotecarias y otros mecanismos financieros. A ello habría que añadir, las obtenidas por la expropiación de viviendas desocupadas.
2. Reforma de la ley de enjuiciamiento civil en materia de desahucios, con la incorporación de la fórmula de la dación en pago como liquidación de la deuda con la entrega del bien hipotecado. Hasta tanto esto se produzca establecer una moratoria que suspenda todos los desahucios de manera que ningún núcleo de convivencia quede sin vivienda, haciendo efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna.
3. Promulgación de una nueva Ley Hipotecaria que contemple la dación en pago como fórmula para liquidar las deudas hipotecarias, independientemente de las medidas de prohibición del desahucio de trabajadores en paro y de la garantía efectiva constitucional del derecho a la vivienda.
4. La dación en pago incluirá a todas aquellas personas que han sido deshauciadas de sus casas o están en trámites de desahaucio como consecuencia de la crisis económica, a las que se les anulará la deuda hipotecaria.
