Unión, Progreso y Democracia presenta sus propuestas en materia económica y empleo. Se centran en todos los sectores y se pretende evitar duplicidades en la administración, igualdad de los ciudadanos en materia fiscal, mix energético, sí a la energía nuclear, contrato único que de confianza....
3 – ECONOMÍA
3.1 – Políticas de ahorro del gasto público superfluo y eliminación de duplicidades
31 - El Gobierno de España debe utilizar sus competencias constitucionales para recortar el gasto superfluo de todas las administraciones públicas y evitar duplicidades entre
ellas. Sólo así se podrá garantizar la viabilidad del Estado, equilibrar las cuentas públicas
y asegurar la igualdad de trato a los ciudadanos. Nuestro objetivo es reducir en 42.000
millones € (4% del PIB) el gasto público superfluo por los siguientes procedimientos:
32 - Reforma constitucional que deslinde claramente las competencias autonómicas y locales de las estatales, evite duplicidades, cierre definitivamente el modelo autonómico y devuelva al Estado las competencias de educación y sanidad (manteniendo su gestión descentralizada) para garantizar la misma calidad en toda España.
33 - Aplicar en todas las administraciones métodos presupuestarios que se inspiren en la filosofía del presupuesto base cero, en vez de en la incrementalista.
34 - Normas comunes que limiten el número máximo y tamaño de unidades administrativas en las Comunidades Autónomas, es decir, de consejerías, parlamentarios y personal de libre designación.
35 - Normas estatales que limiten los automóviles oficiales, dietas por representación y teléfonos móviles en todos los niveles de la administración.
36 - Estudiar los presupuestos, los umbrales de déficit, el endeudamiento y el grado de servicio público que ofrecen los medios audiovisuales públicos, a fin de
proponer su reforma, redimensionamiento, privatización o cierre.
37 – Cierre de aeropuertos y líneas de AVE sin tráfico suficiente, adaptándolas a
otros posibles usos. Programa de evaluación de todas las infraestructuras existentes y futuras con arreglo a criterios de coste-beneficio y de sostenibilidad energé-
tica y medioambiental.
38 – Supresión de los organismos administrativos autonómicos redundantes que dupliquen los del Estado, como consejos económicos y sociales, consejos consultivos, tribunales de cuentas, agencias de protección datos, agencias de tráfico, agencias meteorológicas, institutos de estadística y oficinas comerciales en el exterior.
39 - Establecer bandas salariales obligatorias por categorías para todos los funcionarios y altos cargos autonómicos o municipales, que tomen como referencia las remuneraciones de los niveles correspondientes en la Administración General del Estado cuando realicen la misma función en cualquier administración.
40 – Reducción drástica (sobre un 80%) de los 5000 entes no administrativos de distinta naturaleza jurídica (empresas públicas, fundaciones, observatorios, sociedades mercantiles…) de Comunidades Autónomas y ayuntamientos, estudiando en cada caso las posibilidades de recolocación de los trabajadores afectados.
41 - Establecer límites legales al crecimiento del gasto de todas las CCAA, de forma similar a los límites del déficit, con mecanismos de penalización en caso de incumplimiento. Los límites de gasto serán congruentes con las previsiones de ingresos y los objetivos de déficit, así como con los objetivos globales del país. Si el comportamiento presupuestario autonómico provoca incumplir compromisos europeos que lleven aparejados sanción, ésta se trasladará proporcionalmente a las Comunidades Autónomas responsables.
42 - Mecanismo de coordinación presupuestaria previa entre las Comunidades Autó-
nomas y el Estado, equivalente al “semestre europeo” comunitario, para su supervisión
por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
43 - Restaurar la unidad del mercado interior español, mediante leyes estatales de armonización que supriman los obstáculos autonómicos y municipales, tanto administrativos como lingüísticos, a la libre circulación de bienes, servicios, personas, empresas y capitales. La homologación nacional profesional y empresarial será válida y suficiente en todas las Comunidades Autónomas.
3.2 – Financiación Autonómica
44 - Reforma del Sistema de Financiación Autonómica en base a los siguientes principios:
45 - Marco de negociación multilateral con todas las Comunidades bajo la coordinación estatal, excluyendo la bilateral entre el Estado y cada comunidad.
46 - Abandono de las balanzas fiscales como indicadores, pues son las personas
quienes pagan impuestos y no los territorios.
47 - Garantizar los recursos necesarios para que los ciudadanos reciban en cualquier lugar de España prestaciones similares en todos los servicios públicos transferidos a las Comunidades Autónomas.
48 - Todas las Comunidades Autónomas han de recibir una financiación per cápita similar en términos de población equivalente.
49 - Sistema de financiación simple y transparente, evitando la proliferación de fondos
de carácter especial.
50 - Corresponsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas, que asumirán con sus tributos la obtención de recursos adicionales.
51 – Limitación de la transferencia de competencias normativas fiscales, pues dificultan la gestión de la recaudación, facilitan el fraude y ponen en peligro la unidad del
mercado nacional.
52 - Potenciar la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), permitiendo la participación de las Comunidades Autónomas en sus órganos rectores pero evitando su
fragmentación.
53 - Supresión del Concierto Económico vasco y navarro, con la consecuente eliminación del Cupo vasco y de la Aportación navarra, para implantar un régimen común de financiación para todas las Comunidades Autónomas.
54 - Aumentar el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) para corregir de forma efectiva los desequilibrios territoriales.
55 – Supresión de las cláusulas de los nuevos Estatutos de autonomía que condicionan las inversiones del Estado en cada comunidad, que sólo deben responder a las necesidades nacionales.
3.3 – Administración Local
56 - Abordar de manera inmediata la reforma de la administración local y dotarla de un
nuevo modelo de financiación que le proporcione suficientes recursos para desempeñarlas, aumentando su participación en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas. El nuevo modelo de financiación se atendrá a la población de hecho, y no de derecho. Delimitación clara de competencias entre los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas para evitar “competencias impropias”. Medidas drásticas y urgentes para combatir la elevada morosidad que existe en el ámbito de la administración local.
3.4 – Cajas de Ahorro y Sistema Financiero
57 - Condicionar la concesión de ayudas públicas estatales, como el FROB, a la aceptación por parte de las Comunidades Autónomas y las Cajas de Ahorro de las reformas que se les requieran, incluyendo limitar las remuneraciones e indemnizaciones por despido, cese o jubilación de los directivos en las entidades financieras que reciban ayudas públicas.
58 - Eliminar el derecho de veto de las Comunidades Autónomas a las fusiones entre
Cajas de Ahorros de diferentes comunidades.
59 - Ceder al Banco de España todas las funciones de regulación y supervisión de las Cajas que tienen las Comunidades Autónomas.
60 – Reformas legislativas para que los Consejos de Administración de las Cajas de ahorros, y de los bancos participados por éstas, estén integrados por Consejeros idóneos de reconocida solvencia profesional y no por personas sin otra cualificación que proceder
de la actividad política.
61 - Separar la obra social de las Cajas de la actividad bancaria.
62 - Prohibir prácticas abusivas como la concesión de préstamos en condiciones preferenciales a los directivos o a los compradores de las viviendas que pertenezcan a la
propia entidad.
63 - Recuperar las ayudas públicas: si se contabilizan pérdidas al liquidarse los fondos de ayuda, las entidades financieras que los hayan utilizado tendrán que asumirlas con cargo a sus beneficios futuros.
64 - Completar el proceso de saneamiento financiero, reconociendo la verdadera situación de los balances, recapitalizando las entidades viables (con la ayuda del FEEF si fuera
necesaria) y liquidando las inviables. Reforma del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para dotarlo de los medios y estructura necesarios para que pueda mediar en la concesión de créditos a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), las más necesitadas de financiación. La reforma del ICO debe complementarse con una medida transitoria para que las entidades financieras den preferencia a la financiación de las Pymes competitivas en el mercado.
65 - Garantizar la independencia del Gobernador y los inspectores del Banco de España,
así como la Comisión Nacional del Mercado de Valores y otros organismos de control,
dotándoles de un estatuto similar al de los inspectores de Hacienda.
66 - Reformar las agencias de rating aumentando la competencia privada y evitando los
conflictos de intereses entre sus diversas actividades, promoviendo las iniciativas europeas e internacionales necesarias para que sean eficaces.
67 - Promover la mejora del marco de regulación y supervisión del sistema financiero
europeo e internacional. Es preciso cumplir las normas internacionales de Basilea III,
exigir a las entidades financieras más capital y de mejor calidad, mayor liquidez, mejores
sistemas de evaluación del riesgo y unas normas contables más fiables. En el ámbito
europeo debe avanzarse hacia la consolidación de un sistema integrado de supervisión
financiera.
3.5 – Reforma fiscal y lucha contra el fraude
68 - Plan integral de lucha contra el fraude fiscal. La economía sumergida supone en
España alrededor del 20% del PIB y está creciendo como consecuencia de la crisis, con
una merma de ingresos públicos de unos 70.000 millones de euros anuales. Dicho Plan
debe incluir:
69 - Incremento de los medios de la Agencia Española de la Administración Tributaria (AEAT).
70 - Campañas que conciencien a los ciudadanos contra el fraude fiscal.
71 - Reforzar la coordinación entre la AEAT y las administraciones autonómicas,
con interconexión en tiempo real de los datos de las haciendas forales vascas, la
hacienda navarra y la hacienda estatal, con un plan conjunto de lucha contra el
fraude fiscal de todas las administraciones tributarias.
72 - Reforma de la figura del delito fiscal, agravando las penalizaciones, alargando
los plazos de prescripción y agilizando los procedimientos.
73 - Prioridad en la inspección de los grandes focos de fraude fiscal.
74 - Lucha internacional contra los llamados “paraísos fiscales”.
75 - Refuerzo del control patrimonial de las personas físicas y jurídicas para detectar incrementos de patrimonio no justificados.
76 - Incremento de la colaboración del sistema financiero para reducir la opacidad
de las operaciones y el manejo abusivo del efectivo de alta denominación.
77 - Priorizar el recorte de los gastos superfluos y la lucha contra el fraude fiscal al requerimiento de nuevas aportaciones fiscales de los ciudadanos, pues reducen el consumo de las familias y la inversión de las empresas alargando la crisis económica.
78 - Reforma fiscal profunda que modifique el sistema tributario en su conjunto. El
incremento de la recaudación deberá lograrse ampliando la base del sistema fiscal y
simplificándolo, de forma que la mayor parte de la carga no recaiga como ahora sobre
los trabajadores por cuenta ajena, y aumente la aportación de las rentas del capital. El
objetivo también debe ser favorecer el crecimiento y la equidad.
79 - Eliminar los privilegios fiscales concedidos a las SICAV.
80 - Reducción y racionalización de los gastos o beneficios fiscales que disminuyen la recaudación tributaria: los gastos fiscales en el IRPF, el impuesto de sociedades y el IVA equivale anualmente en España al 4´4% del PIB. Muchos obedecen a la acción de grupos de presión, no están justificados y resultan ineficaces o distorsionadores.
81 – El Impuesto del Patrimonio ha de reformarse para convertirlo en un tributo que grave las grandes fortunas, eliminando los numerosos mecanismos que hoy permiten la elusión fiscal. Deben de fijarse unos máximos y mínimos en los rasgos básicos del impuesto para toda España.
82 - Armonización del Impuesto de Sucesiones y Donaciones cedido a las Comunidades Autónoma para evitar tratos discriminatorios y fenómenos de deslocalización, estableciendo un gravamen mínimo y un mínimo exento comunes a todas.
83 - Las rentas del capital pasarán a tributar como los rendimientos del trabajo en el IRPF.
84 - Creación de un nuevo impuesto indirecto que grave el Consumo de bienes y servicios de Lujo.
85 – Medidas destinadas a las pymes y autónomos:
86 - La estimación objetiva en régimen de módulos se permitirá exclusivamente
en las ventas realizadas por comercios minoristas a consumidores finales.
87 - Devengo del IVA cuando se cobra la factura en vez de cuando se emite.
86 – Introducción internacional de un impuesto sobre las operaciones financieras (conocido por “tasa Tobin”).
87 - Impulso de una política fiscal común europea que complemente la moneda única.
3.6 – Reforma laboral
88 - Reforma del mercado de trabajo en profundidad: todos los nuevos contratos serán indefinidos y los temporales suprimidos, excepto para sustitución de bajas temporales. La indemnización por despido aumentará progresivamente en función de la antigüedad. El nuevo modelo laboral permitirá a los nuevos trabajadores entrar en el mercado de trabajo como indefinidos con menor indemnización hasta convertirse en indefinidos con una indemnización alta, sin saltos bruscos. Esto aumentará la protección del trabajador medio e incentivará la formación dentro de la empresa.
89 - Implantación progresiva del derecho a conservar las indemnizaciones por despido
acumuladas al cambiar de empleo, facilitando así el cambio voluntario de puesto de
trabajo conservando el derecho a las indemnizaciones acumuladas.
90 - Desarrollar la contratación a tiempo parcial, haciéndola atractiva y competitiva.
91 - Reformar la negociación colectiva de modo que tenga en cuenta la situación individual de cada empresa, sobre todo en el caso de que ésta acredite atravesar dificultades severas.
92 - Promover horarios más racionales, semejantes a los del resto de Europa, que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral. Incentivar en las empresas la instauración de sistemas de teletrabajo.
93 - Mejorar las políticas activas de empleo basadas en la formación de parados, utilizando los recursos liberados por el cese de las bonificaciones a la contratación indefinida. Establecer sistemas de evaluación de la calidad y eficacia de los cursos de formación para desempleados.
94 - Mejorar los servicios públicos de empleo aumentando los recursos de que disponen, evitando su fragmentación territorial y promoviendo la colaboración privada.
95 - Incrementar el control de la incapacidad laboral para evitar el absentismo injustificado, potenciando la lucha contra la economía sumergida y el cumplimiento de la
legislación laboral. Estudiar la devolución de los servicios de Inspección del Trabajo a la
Administración General del Estado.
96 - Sindicatos y organizaciones empresariales deberán financiarse con sus propios recursos progresivamente, hasta prescindir en un plazo estipulado de los presupuestos públicos.
3.7 – Políticas sectoriales: creación de empresas, industria, construcción, servicios
97 - Eliminar los numerosos obstáculos y trámites injustificados que aún subsisten para la creación de empresas mediante la ventanilla única digital que permita realizar los trámites ante cualquier administración pública, reduciendo sustancialmente las cargas
administrativas que soportan y el tiempo de constitución.
98 - Garantizar la independencia de los órganos supervisores y reguladores de los mercados.
99 - Diseñar una política industrial que no seleccione los sectores de futuro que han de cambiar el modelo productivo, sino que proporcione las condiciones favorables para que los empresarios puedan hacerlo.
100 - Aumentar los recursos del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) para potenciar la internacionalización de las empresas españolas, con especial atención a las Pymes.
101 - Incentivos fiscales a la internacionalización de las Pymes utilizando plenamente
las posibilidades que otorga el Reglamento 800/2008 UE.
102 - Profundizar en la transposición de la legislación europea para aumentar la competencia en el sector de servicios.
103 - Diversificar la oferta turística hacia el turismo rural y cultural compatible con la conservación del paisaje y el medio ambiente, y la calidad de vida del vecindario de las zonas turísticas.
1.8 – Política energética
104 – Debate energético serio y riguroso que culmine con la elaboración de un Plan
Energético Nacional, integrado en el contexto europeo.
105 - Máximo desarrollo de las políticas de eficiencia energética y ahorro mediante el
fomento de sistemas eficientes en la industria, los edificios, el transporte y en toda la
cadena energética: la producción, la transmisión y el consumo del ciudadano.
106 - Potenciar el desarrollo de las energías limpias y la transición a un modelo de economía bajo en carbono, disminuyendo la importación de combustibles fósiles.
107 - Revisión de las subvenciones a las energías renovables considerando la amortización de la instalación y salida progresiva al mercado libre. Los costes de las renovables deberán ser compartidos por todos los sectores energéticos. Supresión de las subvenciones a la producción y consumo de combustibles fósiles.
108 - Planificación y valorización de la producción energética descentralizada y de las
fuentes de energía rurales de tipo agrícola y a pequeña escala (como el biogás) y promoción de las “ciudades inteligentes”. Fomento de la microgeneración, con la instalación de contadores reversibles para estos equipos.
109 - Mantenimiento de la energía nuclear instalada y apertura de un debate transparente, objetivo y riguroso sobre el riesgo y coste de este tipo de energía.
110 - Establecimiento de un Mix o cesta energética de producción de energía eléctrica que permita la estabilidad del sistema de generación, transporte y suministro, y de la cobertura de las puntas de demanda, aplicando criterios medioambientales, de coste y de capacidad técnica. Todas las energías pueden integrarse en este Mix energético nacional, incluyendo las aún poco desarrolladas, como la eólica de media potencia y la geotérmica.
111 - Cumplimiento de la ley y selección, cuanto antes, del emplazamiento para un
Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado.
112 - Establecer un sistema de formación de precios de la energía claro y transparente.
113 - Cese de las subvenciones a la minería del carbón y cierre de las explotaciones no eficientes en costes, con inversiones en economía productiva en las zonas afectadas.
114 - Mejora y renovación de la red de distribución eléctrica para una integración eficiente de las energías renovables, el despliegue de las redes inteligentes e introducción de la medición digitalizada del consumo final con el fin de adaptar la generación al consumo.
115 - Incrementar las interconexiones de gas y electricidad con el resto de Europa.
116 - Apoyo mediante exención de tasas a los vehículos híbridos de bajo consumo y eléctricos. Establecer para estos últimos un plan de desarrollo de puntos de conexión rápida por toda España, liberalizando la venta de energía.
3.9 – Infraestructuras y vivienda
117 – Revisar la conveniencia de la privatización de AENA (Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea) y supeditarla en todo caso a la supervisión y control efectivo por
parte de la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) para no degradar los niveles de
seguridad actuales.
118 – Formar a más Controladores Aéreos para que puedan cubrir las necesidades del
Tráfico Aéreo trabajando un número de horas similar a la media europea.
119 - Plan Nacional de la Red Aeroportuaria de todos los aeropuertos existentes y en
proyecto, y estudio de los aeropuertos con casi nula operativa civil y/o militar, para potenciarlos, reasignarles otros usos o desmantelarlos.
120 – Análisis obligatorio de viabilidad económico-financiera y social para cualquier inversión pública en infraestructuras, con exposición pública obligatoria de estos estudios
y de los criterios seguidos para su elaboración, con período público de alegaciones.
121 - Desarrollo del Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte y promoción
efectiva de la intermodalidad y el Ferrocarril, dedicando especial atención a las conexiones Ferrocarril-Puertos, al desarrollo y mejora de Centros Intermodales, y a la mejora de los servicios a lo largo de la cadena de proveedores de servicios logísticos.
122 - Desarrollo de un Plan de Infraestructuras portuarias e intermodales orientadas al
mercado del Arco Mediterráneo, Norte de África, Oriente Medio e Iberoamérica. Desarrollo de la Red Transeuropea de Transportes con el proyecto ferroviario del Corredor
Ferroviario Mediterráneo, y también del Corredor Ferroviario Atlántico de Mercancías.
La finalidad es incrementar el transporte ferroviario y marítimo como modos complementarios al transporte por carretera, logrando así una mayor integración del mercado único europeo que impulse la actividad económica.
123 - Orientar todas las inversiones públicas en materia de vivienda hacia la vivienda de protección pública en alquiler sin opción a compra, fomentando la gestión privada de la actividad. El stock de viviendas sin vender puede emplearse para crear un parque de vivienda pública de protección oficial en alquiler. Se debe estudiar un procedimiento de opción a este tipo de viviendas y de revisión de la adjudicación a los beneficiarios en caso de incumplimiento posterior.
124 - Restablecimiento de la independencia de las empresas tasadoras de bienes inmuebles, elemento externo del control de garantías de los préstamos hipotecarios, mediante la prohibición de participaciones empresariales de bancos o Cajas de Ahorros, y
mediante el establecimiento de procesos de adjudicación libres de comisiones encubiertas.
125 - Promover la rehabilitación de edificios y viviendas como forma de contribuir a la recuperación de la construcción residencial.
126 – Estudio obligatorio de la eficiencia y eficacia energética de los nuevos desarrollos
urbanísticos, previendo como parte de su desarrollo la instalación de energías renovables.
127 - Revisión de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aumentando las obligaciones y las garantías de las partes intervinientes.
128 - Adaptación de las normas autonómicas a la Ley de Suelo Estatal en lo relativo a reservas de suelo en las ciudades. Aprobación de un Plan Nacional de Desarrollo Sostenible que compatibilice y armonice los planes y estrategias de desarrollo de las Comunidades Autónomas. Aprobación de planes globales de estrategia territorial en cada
una de las Comunidades Autónomas como condición previa para la aprobación del planeamiento general, sometidos a informes preceptivos de las Comunidades Autónomas
colindantes y del Estado.
129 - Estimular fiscalmente la iniciativa privada para que desarrolle viviendas en régimen de alquiler, mediante la creación de nuevas oportunidades de inversión a los particulares y promoviendo las SOCIMIs (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario).
130 - Desarrollar una Ley Nacional única sobre la ITE (Inspección Técnica de Edificios), que facilite su comprensión a todos los ciudadanos y a los agentes profesionales, a la que se supeditarán todas las ordenanzas municipales actualmente existentes y futuras.
3.10 – Nuevas tecnologías, comunicación y economía digital
131 - Despliegue de redes de telecomunicación con inversión privada y pública, nacional y comunitaria, para el acceso a Internet de muy alta velocidad, tanto fijo como móvil, a fin de que el 20% de los puntos de conexión disponga en el año 2015 de una velocidad de 100 Mbps.+
132 - Acceso universal a Internet con cobertura en el 100% del territorio nacional y una velocidad mínima de 10 Mbps antes de 2013, alcanzado 30 Mbps antes de 2020. Con las soluciones tecnológicas más eficientes en función de su coste, y con las políticas oportunas para reducir las tarifas de conexión y los precios de los servicios hasta equipararlos al entorno europeo.
133 - Las Administraciones Públicas contribuirán al despliegue y sostenibilidad de las
redes de alta o muy alta velocidad en las zonas menos rentables para la inversión privada, recurriendo a medios libres de cargas tributarias como: a) compensación al sector de las Telecomunicaciones de retornos obtenidos en las subastas del espectro radioeléctrico (“dividendo digital”), y b) eliminación de la obligación impuesta a las operadoras de telecomunicaciones para la financiación de RTVE, haciéndoles partícipes del coste del despliegue de nuevas redes de manera proporcional y equilibrada.
134 - Obligatoriedad de la preinstalación de infraestructura de telecomunicación en
todas las obras de trazado o mejora viaria interurbana.
135 - Impulso a la Administración Electrónica favoreciendo la interconexión entre los
sistemas de las Administraciones Públicas. Concentración de infraestructuras y recursos
para reducir su solapamiento, simplificar los procedimientos y optimizar las plataformas
de servicios.
136 – Despolitizar la designación de los Consejeros del organismo regulador de las Telecomunicaciones (CMT), desarrollando otro que anteponga la profesionalidad, el prestigio y la capacidad de innovación en el sector, a propuesta y con la evaluación de las Reales Academias, los Centros Universitarios de mayor prestigio y los Colegios Profesionales.
137 - Plan Nacional de dinamización del mundo digital en la sociedad, que incluya
a) Promoción del comercio electrónico entre los empresarios y los consumidores.
b) Promoción de las TIC en la enseñanza. c) Relaciones con la Administración. d) Fomento del teletrabajo.
138 - Control continuo de la calidad del servicio de telecomunicaciones proporcionado
por los operadores mediante: a) evaluación del cumplimiento de los parámetros del servicio; b) publicación de los resultados de manera transparente y accesible a todos los
usuarios a través de un enlace oficial en Internet; c) reglamentación para corregir las
desviaciones en los indicadores básicos de la calidad; d) habilitación de un punto de acceso ciudadano para informar y recoger peticiones relativas a la calidad de los servicios.
139 - Garantizar una información transparente, exacta, inteligible, objetiva y completa
de los servicios ofertados por las empresas de Telecomunicaciones.
140 - Promover el voto electrónico en todas las convocatorias electorales una vez
garantizada la seguridad y fiabilidad de los procesos de recogida y tratamiento de los
datos así como la garantía del ejercicio libre, directo y secreto del sufragio.
141 - Promover el uso prioritario de software libre en las Administraciones Públicas,
especialmente en todos aquellos procesos donde el uso de sistemas bajo copyright
suponga un coste al ciudadano en sus tratos con la Administración y el ejercicio de
derechos fundamentales.
142 – Reforzar legalmente la protección del ciudadano y de sus datos privados contra
los abusos de las compañías en las políticas agresivas de captación telemática de clientes.
3.11 – Agricultura
143 - Valorar el papel de la agricultura, la ganadería y la pesca sostenibles como actividades conservadoras del medio ambiente rural, marino y pesquero, y por tanto como política estratégica del Estado. Aportar soluciones a los efectos ambientales negativos existentes derivados de las prácticas actuales (agricultura intensiva, utilización masiva de pesticidas y de abonos químico-industriales), que deben enmarcarse dentro de la estrategia Europa 2020 hacia un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
144 - Diseñar una política hidráulica nacional que trate el agua como un recurso común de todos los españoles y facilite el regadío.
145 - Fomentar la competencia en la distribución de productos agrícolas para reducir los márgenes comerciales excesivos que provocan grandes diferencias entre los precios en origen y destino, reforzando la posición de los agricultores en la cadena alimentaria y luchando contra las prácticas abusivas de intermediación.
146 - Propiciar una reforma de la Política Agraria Común europea que defienda una
agricultura acorde a los siguientes criterios en relación a los pagos directos:
147 - Posibilidad de vincular los pagos al número de trabajadores por explotación y
no por hectárea, garantizando que sólo los que cultiven las tierras reciban el pago,
redefiniendo el concepto de “agricultor activo”.
148 - Componente ecológico obligatorio de los pagos directos vinculándolos, por
ejemplo, a los pastos permanentes, cubierta vegetal o rotación de cultivos, bienes
públicos medioambientales. Aplicación del principio de “quien contamina paga”
contra el uso sin control de plaguicidas y para promover modos de producción
compatibles con el medio ambiente
149 - Apoyo a los pequeños agricultores mediante un mínimo de pagos directos.
150 - Eliminar las subvenciones que fomenten prácticas agrícolas o cultivos no
sostenibles.
151 - Medidas de mercado de la PAC que refuercen la posición del agricultor en la cadena alimentaria para aumentar su competitividad y garantizar su propia subsistencia,
eliminar su indefensión y reforzar el derecho a la seguridad alimentaria.
152 – Norma europea que controle el poder de las grandes distribuidoras y la
aplicación de las normas de regulación de la competencia.
153 - Promocionar las organizaciones de autogestión en pequeñas y medianas
explotaciones con el fin de que participen en el control de la oferta
154 - Concretar la noción de “stock de alimentos” con el fin de garantizar la seguridad alimentaria
155 - Precio de activación más relacionado con los mercados reales.
156 - Extender el periodo de intervención a sectores como el lácteo mientras se
consigue un sistema más eficaz y eficiente (como el canadiense).
157 – Fin de las restituciones a las exportaciones, tal y como acordó la última
Ronda de Doha, siempre y cuando todas las partes lo cumplan.
158 - Apoyo y reforzamiento de las zonas rurales a través de:
159 - Apoyo al papel de la agricultura como creador de actividades económicas
adicionales en las zonas rurales.
160 - Medidas de ayuda a los jóvenes agricultores, con especial hincapié en la
formación y desarrollo de conocimientos.
161 - Ayudas para la utilización de los servicios de asesoramiento y formación.
162 - Facilitar los intercambios de buenas prácticas entre agricultores.
163 - Desarrollo de un sector agrícola eficiente que, además de generar productos
de calidad, ofrezca bienes públicos medioambientales.
164 - Desarrollo de un sector eficiente y competitivo a través de las ayudas a la
innovación y modernización de las explotaciones, con una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, mejoras en la calidad del suelo y reducción
del uso de recursos escasos como el agua.
165 - Promoción y fomento, tanto a nivel nacional como europeo, de la Producción
Integrada como método de producción sostenible y racional en el uso de insumos
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